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02/04/2019

Todo Noticias, Argentina – por Agustín Ceruse

A 25 años del atentado a la AMIA, el Gobierno quiere armar una lista para bloquear bienes de terroristas






El 18 de julio de 1994 un coche bomba explotó en la calle Pasteur 633, voló la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y mató a 85 personas; Samuel Salman "El Reda", organizador del atentado, bajo esa identidad falsa, se fue de Buenos Aires; y Assad Ahmad Barakat, uno de los financistas de la operación, regresó a la Triple Frontera. Ahora, casi 25 años después, el Gobierno trabaja para crear una especie de "Lista Clinton" para evitar que los grupos terroristas puedan financiar atentados en el mundo desde la Argentina.

El atentado en la AMIA provocó un sinfín de complicidades internas que terminó el jueves con las sentencias del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 contra el expresidente Carlos Menem (absuelto), el exjuez Juan José Galeano (seis años de prisión), los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia (dos años cada uno), el exjefe de Inteligencia (exSIDE) Hugo Anzorreguy (cuatro años y medio) y hasta el extitular de la DAIA José Beraja (absuelto). Pero, más allá de que la Justicia condene a los encubridores, el Gobierno trabaja para evitar que haya otros "Redas" y Barakats.

La Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio Público Fiscal (MPF), las carteras de Justicia, Seguridad y Relaciones Exteriores y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) estarían diseñando en conjunto un proyecto de ley para presentar en el Congreso -todo indica que en julio- para crear una "Lista de Organizaciones Terroristas" para bloquear bienes, activos y cuentas bancarias que los miembros de esos grupos tengan en la Argentina.

Hasta ahora, la unidad antilavado tiene la facultad para congelarlos, pero debe presentar ante un juez federal una medida de congelamiento administrativo, que tiene 48 horas para resolver. El bloqueo tiene un límite de seis meses, aunque puede prorrogarse, mientras el magistrado avanza con la investigación. La idea es acelerar el mecanismo: si la Argentina tuviera su propia lista, el juez no perdería tiempo en determinar la relación entre la persona sindicada y el grupo terrorista.

El Hezbollah es un caso paradigmático: Estados Unidos lo incluyó en 1997 en la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, en inglés, creada por el expresidente Bill Clinton), pero el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) no pudo hacerlo porque Rusia -miembro permanente-, blinda al grupo chiíta aliado a Irán. En ese escenario, sin una lista de organizaciones terroristas propia, la Argentina, que acusa al "Partido de Dios" de realizar los dos atentados de Buenos Aires, quedó un paso atrás de muchos de los miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La Argentina, entonces, se las ingenió para avanzar contra una célula del Hezbollah instalada en la triple frontera con Brasil y Paraguay: el clan Barakat, liderado justamente por Assad Ahmad, el libanés vinculado financieramente con "El Reda", apuntado por el fallecido fiscal Alberto Nisman como el organizador del atentado a la AMIA.

En julio de 2018, la unidad antilavado congeló los activos que 14 personas del clan Barakat tienen en la Argentina -aunque sin actividad económica declarada- luego de descubrir que desde 2012 habían cobrado u$s10 millones -o $102.812.668- en fichas en el Casino Iguazú. Los libaneses de Ciudad del Este cruzaban el Puente de la Amistad hacia Brasil y luego el Puente Tancredo Neves hacia la Argentina, hacían lo suyo en la casa de apuestas y volvían a su casa. Así una y otra vez. Y luego lo giraban a Medio Oriente: principalmente a El Líbano a través de Western Union.

Solo Ali Hassan Barakat, primo de Assad Ahmad, cruzó 620 veces la frontera entre 2015 y 2017, al hacerlo no declaró llevar u$s10.000 -como indica la ley-, depositó u$s50.000 cada vez que quiso ingresar al VIP del casino y reportó ganancias de $11.743.733 para el clan.

En septiembre del año pasado, la Policía de Brasil detuvo a Assad Ahmad Barakat por pedido de Paraguay por moverse con un pasaporte falso por la Triple Frontera. En ese momento, la fiscal Irma Llano pidió la captura internacional de Sobhi Mahmoud Fayad. En noviembre Asunción extraditó a Mahmoud Alí Barakat a Nueva York por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

TN.com.ar reveló el año pasado los documentos que prueban que Barakat, su hermano Hamzie Ahmad y Fayad financiaron al menos desde los años noventa al Hezbollah: el primero envió u$s50.000 en 1999 desde su cuenta en el Banco Integración SA -con sede en Ciudad del Este- a la cuenta de Khalil Saleh en el Byblos Bank -de Ghobery-; el segundo, le giró US$ 45.000 a Saleh; y Fayad ni más ni menos que u$s3.535.149 en 2000. Los tres lo hicieron para la "Organización del mártir", para ayudar a los huérfanos del grupo terrorista.

El clan Barakat ya no puede operar en la Argentina, pero todavía tiene sí en otros países de América Latina. Brasil, por ejemplo, recién aprobó el 20 de febrero una ley para bloquear los activos de grupos terroristas porque, de lo contrario, el GAFI le habría suspendido la membresía. Paraguay, por su parte, podría quedar en una "zona gris" si este año no aprueba la evaluación del organismo internacional antilavado. En Estados Unidos, en cambio, el grupo terrorista y el brazo financiero están desde hace varios años en la "lista negra".

El Gobierno, entonces, trabaja para tener una "Lista de Organizaciones Terroristas". El 18 de julio, a las 9.53 de la mañana, cuando se cumplan 25 años del atentado, sonará la alarma para recordar a las 85 víctimas en la puerta de la AMIA. La UIF, Justicia y Seguridad podrían presentar el proyecto de ley para esa fecha.

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