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05/03/2020

Desclasificación de documentos





Iton Gadol

AMIA/atentado. El gobierno oficializó el decreto que promueve la desclasificación de los documentos de inteligencia

El gobierno argentino oficializó el decreto presidencial que avanza en la «desclasificación absoluta de la totalidad de la información y documentación» relacionada con el atentado a la sede de la AMIA existente en la administración pública nacional, en particular la proporcionada por la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

La medida fue dispuesta mediante el decreto 213 publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Justicia, Marcela Losardo.

En el texto se establece en el artículo 1 que «otórgase el carácter de público en los términos del inciso C del artículo 16 bis de la Ley (Nacional de Inteligencia) N° 25.520 y sus modificaciones, a toda aquella información brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado perpetrado contra la AMIA, su encubrimiento y demás delitos conexos».

La medida anunciada por el presidente argentino en la apertura del período ordinario de sesiones del Congreso nacional fue recibida con beneplácito pero con cierta cautela por las instituciones de la comunidad judía argentina como por familiares de las víctimas del brutal ataque terrorista perpetrado en Buenos Aires en 1994.

En la desclasificación incluye «los legajos de investigación y la totalidad de la información brindada desde el Estado Nacional en las audiencias de los juicios realizados, permitiendo que las mismas trasciendan el ámbito oficial».

Asimismo, el nuevo decreto hace referencia a disposiciones dictada en años anteriores que estaban orientadas a «poner a disposición del órgano judicial correspondiente información de relevancia producida en diversas dependencias estatales sobre el atentado perpetrado contra la AMIA, en particular en la hoy denominada Agencia Federal de Inteligencia (AFI)».

Al respecto se puntualizó que en 2015 se dispuso la desclasificación de documentación identificada por la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado contra la sede de la AMIA y se instruyó a la AFI a remitir a esa Unidad «toda otra nueva documentación, informe o archivo que no hubieran sido aportados» a la causa. Luego, en 2017, se dispuso la desclasificación de material no alcanzado por la medida anterior.

«El derecho a la verdad implica la obligación del Estado de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de violaciones a los derechos humanos, así como también de garantizar el acceso a la información relativa a ellos que se encuentra» en el Estado, indica el decreto, según consignó la agencia oficial Télam.

Agrega que mantener en secreto «información y documentación relativa al accionar de los organismos de inteligencia como así también de cualquier organismo vinculado a la investigación del atentado (…) resulta contrario a la búsqueda de la verdad».

Como parte de las medidas dispuestas en el decreto, el Presidente ordenó la creación de una «mesa de diálogo, en la que confluyan los distintos organismos estatales y de la sociedad civil» para recopilar esa información y «efectuar un diagnóstico cierto, que permita adoptar rápidas decisiones para que no existan demoras ni problemas institucionales que impidan el adecuado acceso al derecho a la verdad y a la información».

Por ello, además de darse el «carácter de público» a esa información, Fernández dispuso que «deberán adoptarse los recaudos pertinentes para resguardar la identidad de los agentes que declararon» en los procesos judiciales y «toda la información y documentación relativa a representantes de otros países, en particular respecto de la identidad de los agentes de inteligencia extranjeros».

Uno de los puntos que puede generar polémica es que el decreto exceptúa de la desclasificación «la información y documentación relativa a representantes de otros países, en particular sobre las cuestiones referidas a la identidad de los agentes de inteligencia extranjeros».

Tras el anuncio del presidente el pasado 1 de marzo, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits calificó como «auspicioso» lo dispuesto por el gobierno, mientras que el titular de la AMIA, Ariel Eichbaum declaró que es «muy buena» intención del presidente.

“Es auspicioso que se rescate la memoria de la causa”, destacó el presidente de la DAIA Jorge Knoblovits en diálogo con la Agencia AJN.

«Es auspicioso que se rescate la memoria de la causa y que sea uno de los temas de agenda para este año”, dijo el titular de la representación política de la comunidad judía argentina para agregar que el atentado a la AMIA es “una herida lascerante que sigue abierta después de 25 años”.

“Así como se ha juzgado al terrorismo de Estado en Argentina, no se ha juzgado al terrorismo internacional. Está pendiente, y esa es una agenda que hasta que no se resuelva nos va a complicar toda la vida política”, sostuvo.

Por su parte, Eichbaum, también en diálogo con AJN, aseguró que “la intención es muy buena” y que espera “ver los resultados”. “Ojalá se produzca y no quede como otra promesa que no se concreta”, expresó.

Luis Czyzewski, padre de Paola quien falleció en el atentado a la AMIA, calificó como “un signo positivo” que el presidente Alberto Fernández haya anunciado la desclasificación de los documentos de inteligencia vinculados con el presunto encubrimiento del ataque terrorista aunque advirtió que “ya hubo una experiencia en el mismo sentido y fue un fracaso”.

Para Czyzewski, el gran interrogante sobre la posibilidad de que el Ejecutivo denuncie a funcionarios involucrados en el encubrimiento pese que “el Poder Ejecutivo tiene la obligación de denunciarlos ante las justicia y no solo darlos a conocer o desclasificar” la información.

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